La falta de acuerdos a largo plazo pasa factura a la Educación española
Después de siete leyes educativas desde 1970, nuestro país es el que tiene las mayores tasas de abandono escolar de toda la UE, el mayor número de repetidores y un porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja solo superado en los países de la OCDE por México, Grecia e Italia
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Los resultados de nuestros alumnos en las pruebas internacionales están por debnajo de la media de la OCDE - VANESSA GÓMEZ
España tiene una potente red educativa, con buenos profesores y recursos mejorables pero no raquíticos. Sin embargo, estamos lejos de obtener los resultados que deberíamos. Nuestro país -según el último informe de la OCDE publicado a finales de septiembre- tiene el mayor índice de abandono escolar temprano de la UE y de repetidores de curso; casi una cuarta parte de nuestros estudiantes deja los estudios antes de acabar la etapa Obligatoria.
En términos generales, nuestro rendimiento está por debajo del promedio de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencia. En el informe PISA de 2012, los estudiantes españoles quedaron los cuartos por la cola de todos los países de la OCDE en la evaluación de estas tres áreas cruciales . Como consecuencia de todo esto, nuestro porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja, los conocidos como «ni-nis», alcanzan un 20%. una tasa solo superada en los países desarrollados por México, Grecia e Italia.
Pobres resultados en la universidad
Tampoco la universidad sale mejor parada. Aunque nuestra producción en cuanto a artículos de investigación publicados es aceptable, a nivel de patentes somos casi insignificantes en el panorama mundial, inexistentes en los Premios Nobel de Física o Química y con apenas tres universidades entre las 200 primeras en los tres principales ranking internacionales que analizan la excelencia académica (Shanghái, Times Higher Education o QS World University Ranking).
La oposición ha anunciado que derogará la Lomce en cuanto pueda
A la vista de los datos, tenemos un problema, y muy poca predisposición para abordarlo desde una perspectiva de pacto social. Desde 1970 hemos tenido siete leyes educativas y la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (la primera que consigue aplicar el PP), va solo por su segundo año de implantación. Pero la casi totalidad de los partidos de la oposición ya han anunciado que la derogarán inmediatamente en caso de ganar ellos las elecciones.
Al borde del caos
Si la entrada en vigor de la Lomce ya fue complicada en el curso 2014-2015, después de las pasadas elecciones autonómicas de mayo, en donde las urnas convirtieron a doce comunidades en opositoras a la nueva ley, el arranque de 2015-2016 estuvo a punto de ser catastrófico. Solo el perfil negociador del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y las advertencias de sindicatos y asociaciones de padres de la incertidumbre que se estaba generando, consiguieron que el sentido común se impusiera. En pleno mes de agosto, a menos de un mes del comienzo de las clases, los doce consejeros de Educación de las comunidades opuestas a la Lomce leían un manifiesto en el que pedían a Méndez de Vigo paralizar el calendario de implantación de la ley «con todas las garantías jurídicas y preservando el interés superior de los alumnos». Lo que venían a decir es que no habría insumisión pero para no perjudicar a los alumnos.
Las reválidas de ESO y Bachillerato están por definir
La decisión del Ministerio de Educación de dejar abierto al debate la definición final de las polémicas evaluaciones externas de Secundaria y Bachillerato, el aumento de la tasa de reposición de los profesores hasta el 100%, la reducción del número de alumnos permitidos en clase y el aumento en más de 200 millones de euros del Presupuesto de Educación, consiguió evitar un caótico inicio de curso.
Con este panorama, no hay responsable educativo que no reconozca que sin un gran pacto educativo que dé estabilidad es imposible avanzar en la buena dirección. Pero los doce consejeros autonómicos de Educación opuestos a la Lomce ya dejaron claro en agosto que «más tarde o más temprano será derogada» la ley. Y con esa permanente espada de Damocles, difícil es poner en práctica un proyecto educativo de largo alcance que motive a profesores y alumnos e implique a las familias.
10 propuestas para mejorar la Educación
Es más que evidente que el consenso no es precisamente lo que se impone en el sector educativo español. Aún así, hay puntos en los que una mayoría de sindicatos, asociaciones de padres y expertos coinciden si queremos avanzar hacia un sistema educativo más eficaz. Estas son algunas de las propuestas de CSI-F, ANPE, FSIE, Ceapa, Concapa, Cofapa y el Consejo de la Juventud de España
1 Pacto de Estado en materia educativa
Si no somos capaces de definir un sistema educativo que permanezca inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos 15 años, jamás conseguiremos mejorar nuestros resultados.
2 Desarrollo consensuado de la Lomce
Puede que la Lomce haya tenido una fuerte oposición. Pero dos años después de su entrada en vigor, derogarla puede ser peor. Los expertos prefieren centrarse en determinar qué aspectos pueden ser modificados (como, por ejemplo, las evaluaciones externas de ESO y Bachillerato) y hacerlo bajo un consenso general.
3 Mínimo del 5% del PIB para la Educación
La Educación no es un gasto sino una inversión que debe estar entre el 5 y el 7% del PIB, con al menos el 3% destinado a la Universidad. Esto permitiría alcanzar la gratuidad real de la enseñanza e incluir la concertación del Bachillerato para evitar que los padres tengan que sacar a sus hijos -por falta de recursos- del centro que eligieron para la ESO.
4 Retocar el actual calendario escolar
Nuestros niños son los más felices de la OCDE, dicen las encuestas, pero también los más estresados por los deberes. Sería importante revisar el calendario y la jornada escolar con el objetivo de atender las necesidades del alumnado y sus ritmos de aprendizaje. Reducir la jornada lectiva y profundizar en las tutorías podría ser una opción.
5 Enseñanza obligatoria hasta los 18 años
Es una medida delicada pero que va ganando adhesiones a la vista del insoportable número de «ni-nis» que tenemos. Eso sí, para evitar que fuese peor el remedio que la enfermedad habría que permitir en determinadas condiciones el acceso al mercado laboral a partir de los 16 años, haciéndolo compatible con una formación específica
6 Mejorar la Formación Profesional
Hay que copiar lo que funciona en Europa, como el impulso a la formación profesional para favorecer la aparición de nuevas oportunidades de empleo. Debemos desarrollar al máximo la FP Dual, incentivando fiscalmente a las empresas que se comprometan en ella de modo significativo.
7 Reconocimiento a los profesores
Todos los sindicatos reclaman una ley de la función docente que consiga una carrera profesional atractiva en la que encuentren acomodo los mejores. También es necesario impulsar el papel de los directores de centro.
8 Libertad de elección de centro
Hay que dotar de los mismos recursos humanos y económicos a todos los centros sostenidos con fondos públicos para favorecer la libre elección de los padres y posibilitar el acceso a todos los centros en igualdad de condiciones. Eso propiciaría una mayor implicación de las familias.
9 Conciliar vida familiar y laboral
Ya va siendo hora de arbitrar fórmulas para que las familias y la escuela puedan desarrollar proyectos educativos comunes. Algunas asociaciones han pedido que se regule por ley la obligatoriedad de permitir a los padres ausentarse del trabajo dos horas al trimestre para acudir a tutorías.
10 Acabar con la «racionalización del gasto»
El Real Decreto de racionalización del gasto en el sector educativo de 2012 ha supuesto un esfuerzo extraordinario para todo el sector, que reclama su derogación. Uno de los primeros puntos a cambiar sería el de la sustitución inmediata de todas las bajas del profesorado por interinos, que ahora solo se produce pasados diez días. El PP ya presentó una enmienda para modificarlo pero solo en casos especiales.
viernes, 20 de noviembre de 2015
El himno más antiguo del mundo: el holandés Guillermo de Orange desafiando al Rey de España
Felipe II aparece citado en la letra con el ánimo de destacar que Guillermo de Orange se mantuvo fiel a él, pero como un igual: «Un príncipe de Orange soy, libre y valeroso al Rey de España siempre le he honrado»
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Retrato de Felipe II, que aparece citado en el himno de Holanda como Rey de España - ABC
El himno holandés es el más antiguo del mundo, entre otras razones, porque la guerra que libró esta antigua provincia de los Países Bajos para lograr su independencia del Rey de España sacó a flote el sentimiento nacional de su población, cuando en Europa no existía, más que de forma vaporosa, aquello de las naciones. Los hombres luchaban por su religión, por su rey, por su ciudad, por su tribu o por su familia, pero no por algo tan inconcreto como eran las naciones. La guerra contra España cambió eso y exigió crear un enorme aparato propagandístico, que incluyó como no podía ser menos una canción en torno a las gestas de su líder, el intrigante Guillermo de Orange.
Retrato de Guillermo de Orange- Wikimedia
La letra del himno de Holanda tiene su origen entre 1568 y 1572, cuando la rebelión en las provincias de los Países Bajos contra su soberano, Felipe II, vivió su episodio clave. El himno, denominado «Wilhelmus», está dirigido a Guillermo de Orange «El Taciturno», que se alzó como el principal líder durante la revuelta contra los españoles. Creada probablemente por Marnix van St. Aldegonde, la letra es entonada como un himno religioso, y en lugar de ser una llamada a las armas o una exaltación patriótica, es una apología del alemán Guillermo de Orange, padre simbólico de la nación holandesa. Es por eso que el Rey de España –en ese momento Felipe II– aparece citado en la letra con el ánimo de destacar que Guillermo de Orange se mantuvo fiel a él, pero como un igual: «Un príncipe de Orange soy, libre y valeroso al Rey de España siempre le he honrado».
Una afirmación que está lejos de ser cierta, puesto que los métodos de Guillermo de Orange se basaron en una agresiva estrategia para desacreditar al Monarca español y ganar más poder para sí mismo. De hecho, el 15 de marzo de 1581 Felipe II declaró fuera de la Ley a Guillermo de Orange y lo acusó de «traición, ingratitud y herejía». Tras sobrevivir a un primer atentado a cargo del vasco Juan de Jáuregui, Guillermo de Orange nada pudo hacer contra el ataque de un francés católico, Balthasar Gérard, que empleó un arma de fuego para acabar con su vida el 10 de julio de 1584. Felipe II recompensó a la familia de Balthasar Gérard –que fue capturado y condenado a muerte– con los estados de Lievremont, Hostal y Dampmartin en el Franco Condado y un título nobiliario. No obstante, la muerte de Guillermo de Orange sirvió para transformar en mártir a un personaje que había perdido apoyos a causa de sus pésimas dotes militares, pero que tenía en la propaganda su auténtica arma.
El Gran Duque de Alba fue el responsable de introducir muchas de las leyes sobre los que se cimentaron los actuales estados de Bélgica y Holanda
Incapaz de vencerle en los campos de batalla, Orange presentó en sus textos propagandísticos, siendo «Apología» el más famoso, a los españoles como animales crueles y a Felipe II como un incestuoso, bígamo y parricida. El III Duque de Alba,Fernando Álvarez de Toledo, designado gobernador de Flandes, fue uno de sus blancos favoritos a consecuencia de su papel de general de hierro en la rebelión de los Países Bajos y como el responsable de poner en marcha el Tribunal de los Tumultos, encargado de juzgar a los sospechosos de sedición. La llamada leyenda negra, que presenta al Gran Duque de Alba en un grabado de la época comiéndose un bebé humano, sigue incluso vigente en la actualidad. Hay madres de Holanda que amenazan a sus hijos con la llegada del Duque de Alba cuando se portan mal, e incluso en Navidad se les dice a los niños que se han portado mal que el español irá para llevárselos a España.
Retrato del Gran Duque de Alba- ABC
A nivel académico, la imagen del Duque de Alba poco a poco está siendo restaurada por los propios historiadores holandeses, que entienden que la violencia ejercida bajo el mando del noble castellano no era producto del sadismo, sino de la necesidad de apagar una rebelión política usando los métodos habituales del periodo histórico que le tocó vivir.Fernando Álvarez de Toledo, además, fue el responsable de introducir muchas de las leyes y sistemas recaudatorios sobre los que posteriormente se cimentaron los actuales estados de Bélgica y Holanda.
Los himnos más antiguos del mundo
El «Wilhelmus» está considerado el himno nacional más antiguo del mundo. Los himnos de Reino Unido, «God save the Queen», y de Francia, «La Marsellesa», surgieron mucho más tarde, en 1745 y 1792 respectivamente. Por su parte, el holandés procede del siglo XVI, aunque no fue adoptado como himno nacional hasta 1932. En el caso español, se emplaza al año 1761 el primer documento en el que la «Marcha de Granaderos» cuenta con una partitura concreta («Libro de la Ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la Infantería española», pese a lo cual su origen sigue siendo motivo de controversia.
Existen indicios, no en vano, de que el himno español es incluso anterior al holandés. Como afirmó en una entrevista ABC el pasado julio Antonio Lillo Parra, responsable de los archivos musicales de la Biblioteca Central Militar, «es probable que la “Marcha de Granaderos” tenga su antecedente en laCantiga de Alfonso X el Sabio, concretamente en la número 42. En ella hay unos compases que puede ser que inspirasen al autor». Lo cual fecharía el origen del himno a mediados del Siglo XII. Además, la «Marcha de Granaderos» también guarda ciertas similitudes con la «Pavana Real» deEnríquez de Valderrábano, fechada en el siglo XVI.
20-N / ANIVERSARIO
40 años sin el dictador, las familias políticas del tardofranquismo
El lento hara-kiri del régimen y la metamorfosis de la derecha
Adolfo Suárez en el Congreso de los Diputados en 1976.
Los aperturistas del Movimiento eran partidarios de dinamizar sus estructuras y renovar sus dirigentes a través del pluralismo limitado
Los inmovilistas sostenían una feroz batalla, convencidos de que las asociaciones darían paso a los denostados partidos políticos
El Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional el 16 de diciembre de 1974
El 12 de febrero de 1974, Carlos Arias Navarro presentó a las Cortes españolas el programa de su Gobierno. Era un proyecto de tímidas reformas institucionales que despertó una gran expectación mediática sobre lo que se conoció como el Espíritu del 12 de febrero. Entre las medidas anunciadas, destinadas a infundir vitalidad a la mortecina vida política de la dictadura franquista, despertó especial atención la promesa de abrir la organización de masas del Régimen, el Movimiento Nacional, a una pluralidad de opciones políticas "para promover la ordenada concurrencia de criterios, conforme a los principios y normas de nuestras Leyes Fundamentales".
El de las asociaciones políticas era un tema que llevaba debatiéndose más de una década. Era la gran apuesta de los aperturistas del Movimiento, partidarios de dinamizar sus estructuras y renovar sus dirigentes por la vía del pluralismo limitado. Frente a ellos, los inmovilistas sostenían una feroz batalla, convencidos de que las asociaciones terminarían dando paso a los denostados partidos políticos.
A partir de 1959, el secretario general del Movimiento, José Solís, patrocinó el proyecto e intentó vencer los recelos del Consejo Nacional del Movimiento, guardián de la ortodoxia política, y del propio general Franco, nada partidario de la pública diversidad de criterios entre los suyos. Estuvo a punto de conseguirlo en 1969, cuando el Consejo aprobó la creación de unas anodinas "asociaciones de opinión pública". Pero la crisis de Matesa se llevó por delante a Solís, y su sucesor,Torcuato Fernández-Miranda, envió el tema al congelador. Tardó cinco años en decidirse a recuperarlo.
En octubre de 1973 impulsó un proyecto de Ley General de Participación Política de los Españoles, que preveía unas "asociaciones de acción política" como meras "tendencias" en el seno del Movimiento. Pero cuando, en la mañana del 20 de diciembre, el Consejo Nacional se reunió para estudiar el texto, llegó la noticia del asesinato del presidente del Gobierno, Carrero Blanco, y el proyecto quedó nuevamente aparcado.
Firmemente comprometido a desarrollar el sistema de asociaciones políticas, el Gobierno de Arias inició, sin embargo, el proceso con enormes cautelas, a fin de evitar un nuevo fracaso. El gran escollo era el papel que debería jugar el aparato institucional del Movimiento. Un sector de los ministros, encabezado por Antonio Carro y Pío Cabanillas, pretendía que fuera el Gobierno quien aprobara las asociaciones y vigilase su funcionamiento, con lo que quedarían fuera del control de aquél. Otros, en cambio, como Arias Navarro y Utrera Molina, deseaban extremar las garantías de fidelidad al Régimen y, sobre todo, evitar que las asociaciones pudieran actuar como auténticos partidos, por lo que defendían entregar su control al Consejo Nacional.
Retirada aperturista
A lo largo de la primavera y el verano de 1974, aperturistas e inmovilistas sostuvieron una pugna para fijar el carácter de las futuras asociaciones políticas. Los primeros, fuertes en el Gobierno, apadrinaron un proyecto elaborado por el Instituto de Estudios Administrativos (IEA), un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno, que entregaba al Ejecutivo la aprobación y el control de las asociaciones, les otorgaba amplias capacidades políticas, incluida laparticipación en los procesos electorales, y colocaba el régimen de garantías y sanciones en la jurisdicción del Tribunal Supremo. El Estatuto sería aprobado como ley por las Cortes.
Por su parte, el Consejo Nacional del Movimiento encomendó un anteproyecto a una sección creada al efecto. Como era de esperar, el borrador reflejaba los puntos de vista inmovilistas predominantes en el Consejo, al que entregaba la aprobación, el control ideológico y el régimen de sanciones de unas asociaciones a las que se les encomendaba la misión de canalizar opiniones y aportar militancia y nuevos cuadros a las envejecidas estructuras del Movimiento. Este era un punto de vista que compartía Franco, que rechazó el borrador elaborado por el IEA y apoyó las tesis movimientistas aunque, como confesó a Utrera, seguía manteniendo sus reticencias sobre lo que consideraba "una cabeza de puente para llegar a la institucionalización de los partidos".
El Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política fue aprobado, sin votos en contra, por el Pleno del Consejo Nacional el 16 de diciembre de 1974 y días después lo convalidó, como decreto-ley, un Gobierno en el que las posiciones aperturistas estaban en franca retirada. No hubo ningún interés en preguntar a los procuradores de las Cortes su opinión sobre una normativa que se anunciaba como fundamental para asegurar la continuidad del sistema político.
'Nos ha salido canijo'
El Estatuto definía a las asociaciones como "medios complementarios para laparticipación de los españoles en las tareas políticas a través de las entidades naturales, a la vez que cauces de expresión de la opinión pública" y las situaba en estricta obediencia a "los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino". Los procedimientos establecidos contenían todo tipo de cautelas.
Los promotores de una asociación tenían que entregar en la "ventanilla" del Consejo Nacional una documentación que incluía un programa y certificados de penales de todos ellos, para evitar que se colase algún antifranquista. Si el Consejo autorizaba su funcionamiento provisional, comenzaba la carrera para hacerse con las firmas, en fichas de afiliación, de 25.000 españoles mayores de 18 años. Cumplido este trámite, y con comisiones organizadoras por lo menos en 15 provincias -para evitar cualquier veleidad regionalista-, la asociación pasaba un último escrutinio del Consejo, tras lo que quedaba legalizada. Y controlada. Un amplio régimen de sanciones iba desde las multas por faltas "leves" hasta la disolución de la asociación, por decisión del Consejo del Movimiento, si sus afiliados pretendían "impugnar el orden institucional vigente o modificarlo por medios distintos a los previstos en las Leyes Fundamentales".
Las asociaciones políticas convencieron a los que ya estaban convencidos, es decir, a los aperturistas del Movimiento. Y embarcaron en la aventura a miles de españoles de la mayoría silenciosa que creyeron, por unos momentos, que aquello tenía futuro. A lo largo de 1975, la caza de fichas de afiliación alcanzó niveles delirantes. "Puestos a recoger firmas -decía un promotor- tienes que recurrir a los conocidos, a los vecinos y hasta a la asistenta". Pero no tardó en comprobarse que el vuelo del asociacionismo iba a ser corto, sobre todo porque, como afirmaba en privado el secretario general del Movimiento, Herrero Tejedor, "el Estatuto nos ha salido canijo".
El fracaso de la Triple Alianza
En principio, el Gobierno intentó patrocinar una ambiciosa operación política, uniendo en una asociación a tres destacados representantes de la derecha reformista: el liberal José María de Areilza, el exministro Federico Silva Muñoz, que encabezaba una corriente autodefinida como democratacristiana, y Manuel Fraga Iribarne, embajador en Londres y gran esperanza para quienes pretendían levantar un conservadurismo democrático. Pero las conversaciones para crear lo que la prensa calificó de Triple Alianza fracasaron. En enero de 1975, Fraga entregó a Arias Navarro un proyecto de Constitución que preveía unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal directo, autonomía administrativa y cultural para las regiones, derecho a la huelga o "aplicación práctica de los derechos del hombre definidos por la ONU". Ahí acabó la aventura de la Triple Alianza. Y en adelante los sectores reformistas, que buscaban cauces para una futura transición a la democracia, rechazaron de plano unas asociaciones políticas en las que veían un intento de perpetuar la anquilosada estructura del Movimiento Nacional.
Por el contrario, los elementos aperturistas siguieron empeñados en sacar adelante una macroasociaciónoficialista que revigorizara el mortecino espíritu del 12 de febrero. Fue la Unión del Pueblo Español, o UDPE -la D era para evitar penosas comparaciones con la Unión Patriótica Española (UPE) del dictador Primo de Rivera-, la primera asociación en ser plenamente egalizada por el Consejo Nacional. Protegida por los sucesivos ministros-secretarios del Movimiento, Utrera Molina, Herrero Tejedor y Solís, la UDPE se constituyó con una masiva operación de marketing político que incluyó entre sus promotores a deportistas de élite, actores de cine, empresarios y una pléyade de altos cargos de la Administración y del Movimiento. Bajo la presidencia de Adolfo Suárez, el joven delfín político de Herrero, la Unión extendió rápidamente su organización territorial y fue la única asociación realmente masiva. A mediados de 1976 afirmaba contar con 95.000 afiliados.
Contra la contención que esperaban los planificadores de la operación, la apertura de la "ventanilla" asociativa abrió una carrera para legalizar docenas de iniciativas, en lo que sonaba ominosamente a la construcción de un sistema de partidos...todos estrictamente franquistas. El Consejo Nacional se empleó a fondo para contener la avalancha, dando vía libre a las que consideraba solventes o necesarias y rechazando, o aparcando en el limbo de la provisionalidad, a la mayoría de las iniciativas, algunas realmente absurdas.
La legalización de las asociaciones
Cuando murió Franco solo había legalizadas dos: la UDPE y la Asociación Nacional para el Estudio de los Problemas Actuales (ANEPA), procedente de una entidad cultural que amparaba el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, aunque la presidía Leopoldo Stampa. Otra media docena se encontraba en régimen provisional y fueron autorizadas plenamente durante la primera mitad de 1976. Y en torno a una decena seguían siendo provisionales cuando se legalizaron los partidos políticos.
Los falangistas del Movimiento, con Raimundo Fernández-Cuesta a la cabeza, intentaron crear una asociación llamada Falange Española de las JONS, pero la reacción en contra de otros sectores "azules" llevó al Consejo Nacional a prohibir a las asociaciones utilizar nombres y símbolos "patrimonio del Movimiento". Los raimundistas adoptaron, pues, el nombre de Frente Nacional Español (FNE).
También tenía un origen falangista Reforma Social Española, dirigida por Manuel Cantarero del Castillo, aunque pronto derivó hacia su definición como "socialdemócrata". Los tradicionalistas promovieron dos asociaciones: la Unión Nacional Española (UNE), que acabaría presidiendo Gonzalo Fernández de la Mora, y el Frente Institucional, procedente de la Hermandad del Maestrazgo y encabezado por Ramón Forcadell.
Los católicos agrupados en torno a Silva Muñoz promovieron la Unión Democrática Española (UDE), pero en su seno no tardó en surgir un ala "izquierdista", encabezada por Alfonso Osorio, que cuestionaba la adhesión al Movimiento. Por ello, la UDE no acometió su plena legalización y a finales de 1976 los silvistas se adhirieron a Alianza Popular, mientras el sector reformista se embarcaba en la operación que llevaría hasta la Unión de Centro Democrático.
Once estados soberanos
Si todas estas asociaciones encarnaban proyectos que podían identificarse con las clásicas familias del franquismo, otras eran propuestas más heterodoxas. Tal fue el caso de la Asociación Proverista -del latín pro veritas, por la verdad-, presidida por el abogado Manuel Maysounave, que preconizaba una salida democrática a la dictadura, aunque actuando desde la ortodoxia del Movimiento, y llegó a presentar un proyecto constitucional de la Unión Federal Española que establecía once Estados soberanos, con la provincia de Madrid como Distrito Federal. Sorprendentemente, el Consejo Nacional la autorizó, quizás para recalcar el pluralismo de la oferta asociativa.
El resto de la nómina era muy variada. Había propuestas falangistas, como la Alianza Popular de Izquierdas, Nueva Izquierda Nacional o la Asociación Laborista. Del catolicismo social procedían Unidad y Convivencia Cívica Nacional, Acción Social Popular y Opinión Obrera Española. Militares jubilados y excombatientes promovían Gran Unidad Española-Nuevo Orden Social. Y algunas asociaciones buscaban directamente al hombre de la calle "apolítico", como Mayoría Silenciosa Unida o Unión Popular Democrática.
La comijunta y la platajunta
El arranque de la Transición sorprendió a las asociaciones políticas en pleno proceso de organización. Quizás con excepción de la UDPE y del FNE, que aprovechaban en parte las estructuras del Movimiento, apenas tenían presencia territorial. Como escribía años después el político conservador Juan Ramón Calero: "Las posibles vocaciones políticas nuevas, ante tantas siglas, ante tantas asociaciones, ante tan variopintos nombres para en el fondo tratarse de ofertas tan análogas, terminaban no sabiendo a qué carta quedarse. (...) Eran simples redes de amigos, improvisadas, sin cohesión, sin programas, sin claridad en las convicciones, sin saber exactamente nada de lo que se pretendía, salvo la aspiración común de alcanzar el poder o conservarlo".
Sin embargo, era posible trazar una línea divisoria entre las asociaciones institucionales, con importantes contingentes de altos cargos, incluidosprocuradores en Cortes y consejeros nacionales del Movimiento, y las que surgían más o menos ajenas a los aparatos oficiales y a las que se les podía vaticinar un recorrido muy corto si el sistema no evolucionaba hacia una democracia de partidos.
Las primeras -UDPE, FNE, UNE, ANEPA- mantuvieron durante la primera mitad de 1976 una importante actividad de vigilancia del limitado programa reformista del primer Gobierno de la monarquía. Menos fuertes en las Cortes que en el Consejo Nacional, fue en este último, la "Cámara de las ideas" del franquismo, donde los partidarios de la dictadura levantaron sucesivas barreras frente a la legislación reformista que animaba el vicepresidente del Gobierno, Manuel Fraga.
Cuando comenzaron a otear un futuro abierto a los partidos políticos y al sufragio universal, los dirigentes de las cuatro asociaciones neofranquistas redoblaron sus esfuerzos para evitar que la izquierda pudiera desarrollar su proyecto de ruptura democrática. Y cuando, en marzo de 1976, el antifranquismo amalgamó sus dos plataformas unitarias en Coordinación Democrática, la conocida como Platajunta, denunciaron en ello la reconstrucción del Frente Popular y crearon una Coordinadora de Asociaciones, bautizada como la Comijunta, para estudiar una alternativa electoral unitaria que garantizara la continuidad del sistema.
La sustitución del Gobierno Arias por otro presidido por Suárez precipitó las cosas. Para entonces, la Ley sobre el Derecho de Asociación Política había anulado el Estatuto de 1974 y las asociaciones políticas se veían forzadas a reconvertirse en partidos. El calendario de reformas, que planteaba elecciones a Cortes Constituyentes en breve plazo, aceleró la urgencia de construir opciones sólidas de derechas que pilotaran el posfranquismo.
A lo largo del verano de 1976, UDPE, UNE y ANEPA, presididas respectivamente por Cruz Martínez de Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora y Enrique Thomas de Carranza, trabajaron en un proyecto de federación de partidos que denominaron Alianza Popular. En cambio, el Frente Nacional Español, que daba prioridad a la reunificación de la familia falangista, se negó a participar en la operación de sus socios de la Comijunta.
En septiembre, los promotores de AP lograron nuevas adhesiones. La fundamental fue la de Fraga que, tras fracasar en su proyecto de liderar el centro-derecha a través de un Partido Popular que acabaron dirigiendo Areilza y Cabanillas, aceptó la invitación para integrar su pequeño partido en construcción, Reforma Democrática, en la plataforma neofranquista.
Lo mismo hizo Silva Muñoz con la minoritaria ala derecha de UDE, tras la ruptura con el sector centrista de la asociación. Y se sumaron Laureano López-Rodó y Licinio de la Fuente, dos políticos que aportaron grupitos de procuradores y otros amigos políticos. Eran los siete magníficos, quienes el 9 de octubre de 1976 firmaron la constitución de la Federación de Alianza Popular. Arrancaba con ello la auténtica transición de la derecha española en el posfranquismo, que el propio Fraga culminaría en 1989 con la transformación de AP en el nuevo Partido Popular.
